El Tribunal Constitucional acaba de avalar la Ley de Igualdad promovida por el Gobierno y que fue recurrida por el Partido Popular en su descabellada estrategia de judicializar la política española y llevar cada actuación del ejecutivo a los tribunales.

La Ley de Igualdad estableció, entre otras muchas cosas, la obligación de los partidos de presentar listas paritarias a las elecciones.

El Grupo Popular del Congreso presentó el pasado 20 de junio un recurso ante el TC contra la Ley de Igualdad al entender que esta norma vulneraba hasta seis preceptos constitucionales sobre la libertad de los partidos políticos a confeccionar candidaturas, la libertad de ideología, o incluso el pluralismo político.

Sólo dos de los doce magistrados del Constitucional se han pronunciado en contra de esta ley.

Me da la impresión de que no va ser el primer sapo judicial que tendrá que tragarse la prepotencia inconsciente del PP que, en su política de desgaste del gobierno a cualquier precio, va recogiendo sus frutos.

Ayer fue el caso del Severo Ochoa.

Como no tienen vergüenza, no se les puede caer la cara por su causa. No la encontrarán (la vergüenza) ni en la noche del 9 de marzo.