Cuando en un incendio se localizan tres focos distintos, es bastante razonable suponer que el fuego ha sido intencionado.

Algo así deben de estar pensando el juez Baltasar Garzón y quienes le apoyan: Tres procesos judiciales abiertos simultáneamente permiten creer que hay una intención de acoso y derribo contra el juez.

Garzón está suspendido desde mayo de 2010 de sus funciones en la Audiencia Nacional. El magistrado que dinamizó la lucha contra el narcotráfico, que combatió la guerra sucia, contribuyó a la derrota de ETA, que abanderó la jurisdicción universal al perseguir las dictaduras iberoamericanas, se enfrenta a la inhabilitación en tres procesos simultáneos que demuestran que hay poderes muy fuertes a los que la acción y la presencia de Garzón molesta. No les importa su prestigio internacional ni el respeto ganado ni que el mundo se pregunte cómo es posible que un puñado de corruptos, en connivencia con sus abogados, puedan acusar al juez que los investiga.

1. El magistrado se enfrenta en el primer caso a 17 años de inhabilitación por haber ordenado intervenir las comunicaciones de los cabecillas de la trama Gürtel con sus abogados. Su decisión se justifica en la necesidad de impedir el blanqueo de más de 20 millones de euros que estaban deslocalizados en Suiza y en otros paraísos fiscales. Sospechaba el juez de la posible connivencia para poner a buen recaudo los millones de euros como se desprendía de una conversación del primer abogado, también imputado. Garzón actuó para prevenir un posible delito, y lo hizo a petición de la Policía Judicial y de la Fiscalía Anticorrupción, de manera motivada y amparándose en la ley. Garzón aseguró en la primera sesión del juicio que "los abogados jugaban un papel básico en la mecánica de blanqueo de dinero", y que su intención, al ordenar las escuchas, era "evitar la continuación de la acción delictiva".

La intervención de las comunicaciones de los cabecillas de la trama Gürtel con sus abogados fueron avaladas por el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que le sucedió en la instrucción, Antonio Pedreira, por las dos fiscales Anticorrupción adscritas a la causa y por el magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del TSJM José Manuel Suárez Robledano. Frente a todos ellos y frente al criterio de los fiscales de Sala del Tribunal Supremo Antolín Herrero y Pilar Valcárcel, el instructor del Supremo, Alberto Jorge Barreiro, decidió abrir juicio oral aceptando los argumentos de los abogados de los cabecillas de la trama corrupta.

2. Garzón también está acusado de cohecho al recibir unos pagos por participar en dos cursos en la Universidad de Nueva York en 2005 y 2006 que estaban financiados, entre otras entidades, por el Banco Santander, entidad de la que el juez archivó una querella meses después. En este procedimiento solo existe la acusación popular de Manos Limpias, pero no hay acusación del Fiscal ni de ningún ofendido por el delito, por lo que, al igual que sucedió con Botín del Banco Santander en el caso de las cesiones de crédito, no debería continuar el juicio contra Garzón. Esta llamada "doctrina Botín", que Garzón solicita que se le aplique, impide abrir juicio a un acusado cuando solo hay acusación popular, es decir, cuando no acusa el ministerio fiscal -en este caso la fiscalía ha pedido el sobreseimiento desde el principio y ahora propugna la absolución- ni hay ofendido por el delito.

3. Pero el juicio más sonado es el segundo, actualmente en curso, el considerado más irracional, por investigar los crímenes del franquismo. La comunidad jurídica internacional ha protestado masivamente por este proceso, incluso ha enviado media docena de observadores. Es un juicio por una querella interpuesta por el sindicato ultraderechista Manos Limpias admitida por la Sala Penal en mayo del 2009. El instructor, Luciano Varela, sostuvo que el juez Garzón no pretendía investigar los "horrendos crímenes" del franquismo, sino "asumir el control de las localizaciones y exhumaciones de cadáveres de víctimas de la represión civil y militar", superando las limitaciones de la ley de Memoria Histórica. A Garzón se le acusa de prevaricar por dar una respuesta legal a los familiares y asociaciones de víctimas del franquismo que buscan recuperar los restos de sus allegados que -para nuestra vergüenza- todavía yacen en fosas comunes en toda España. Los denunciantes son los nostálgicos del franquismo -Manos Limpias- y un grupo político fascista: Falange Española.

Desde que el sindicato denunciante logró que su demanda fuera admitida copiando párrafos enteros de un auto del juez instructor Varela quien les ayudó a cambiar los escritos presentados inicialmente por los acusadores, que no cumplían las mínimas exigencias legales, esos escritos debieron ser rechazados y el procedimiento debió archivarse, pero el instructor Varela en lugar de declararlos nulos les permitió que presentaran otro escrito bajo sus instrucciones precisas. Un verdadero escándalo procesal.

Por otra parte, la ley de amnistía del 77 no puede prohibir investigar los delitos cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo, porque estaría yendo contra las obligaciones que el derecho internacional impone a España, como a la mayoría de países, cual es la indagación y castigo de cualquier violación de derechos humanos. Y los crímenes contra la humanidad ni prescriben ni pueden ser amnistiados. La investigación de crímenes de lesa humanidad tiene en Garzón un icono mundial. Ningún juez puede jamás ser investigado por castigar delitos de lesa humanidad.